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La reforma constitucional de 1994: una breve reseña histórica

│Por María Virginia Filipas

En 1989 Carlos Saúl Menem –representante del Partido Justicialista- fue electo presidente de los argentinos. El presidente saliente Raúl Alfonsín -primer mandatario democrático luego del golpe de Estado de 1976- había tenido que adelantar las elecciones siete meses, tras verse envuelto en una fuerte crisis económica e institucional.

Mediando el año 1993, comenzaba la última etapa del mandato presidencial y Menem ya vislumbraba la idea de una reelección. Llevarla a cabo no era fácil y el motivo era simple: la posibilidad de un sucesivo gobierno no estaba contemplado en el texto de la Constitución. La única manera para lograrlo sería era a través de una reforma constitucional.

Para ese entonces, la Constitución vigente era el texto de 1853, con las  reformas de 1860 –momento en que Buenos Aires ingresó a la Confederación-, 1866, 1898 y la última de 1957.  La norma indicaba que el titular del Poder Ejecutivo ejercía su mandato por el término de 6 años y no podía ser reelegido, sino con intervalo de un período.

En ese marco, el entonces presidente, que tenía el objetivo de perdurar en el poder, estaba al tanto de que no contaba con los dos tercios del total de los miembros de cada Cámara para sancionar la ley de necesidad de la reforma, tal cómo requería y era interpretado el artículo 30 de la Constitución.

Las opciones que se barajaban en el gobierno en ese momento eran varias, pero sólo una sería la que abriría las puertas al segundo mandato consecutivo. En un primer momento, se pensó en la posibilidad de interpretar el artículo 30 en el sentido de que la cantidad necesaria de miembros de cada Cámara para aprobar la necesidad de la reforma era de dos tercios de los presentes, y no del total,  sin embargo esta idea corría riesgos de no ser aprobada nunca por la oposición. Por otro lado contemplaron la posibilidad de realizar una consulta popular y que fuera el pueblo quien decidiera en las urnas si estaba de acuerdo o no con una reforma. Finalmente, la opción más segura y que garantizaría la mayoría especial necesaria para sancionar la ley y aprobar luego la reforma, era la de reunirse con el líder del partido opositor y llegar a un acuerdo.

Fue en ese contexto que para noviembre del año 1993 comenzaron los encuentros y negociaciones con el expresidente Raúl Alfonsín -principal referente del radicalismo-. El expresidente encontró en esa propuesta la manera de que se haga efectiva la idea que había tenido durante su gobierno de llevar adelante una reforma constitucional, y que se había visto truncada por la inestabilidad económica y política, consecuencia de los años pasados plagados de violaciones a los derechos humanos y el inicio de una economía neoliberal que con el tiempo llevaría al país a una profunda crisis caracterizada por una creciente deuda externa.

Fue así como el 14 de noviembre de 1993 el presidente Carlos Menem y Raúl Alfonsín sellaron lo que se conoció como Pacto de Olivos, un acuerdo mediante el cuál se plasmaba el compromiso de impulsar la reforma constitucional.

Un mes después, el 13 de diciembre, ese acuerdo se completó con otro documento firmado en la Casa Rosada donde se determinaba un “Núcleo de coincidencias básicas” para la reforma.

De esta manera, el 29 de diciembre de 1993 se sancionó la ley 24.309 de necesidad de la reforma, la que contó con ciertos cuestionamientos constitucionales respecto de su procedimiento de sanción.  La crítica era dirigida a que el Senado había modificado el texto aprobado por la Cámara de Diputados y, sin respetar lo preceptuado por el artículo 71, no regresó el texto modificado a la Cámara de origen y la norma se promulgó sin más trámite.

El texto de la ley reproduce el “Núcleo de coincidencias básicas”, de ella se desprende cuáles serían las partes que no se modificarían –Capítulo Único de la primer parte “Declaraciones, derechos y garantías”-, cuáles los artículos a modificar, y qué se debía incorporar.

Luego de sancionada la ley, los pasos a seguir fueron la elección de los convencionales constituyentes –entre ellos se encontraban el ex presidente Raúl Alfonsín, futuros presidentes como Néstor Kirchner y Cristina Fernández, la diputada Elisa Carrió y el actual juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Eugenio Zaffaroni-, y la apertura de las sesiones de la Convención que sesionó desde el 25 mayo hasta el 22 agosto de 1994.

Finalizada la labor, el 24 de agosto de aquél año la Constitución Nacional reformada fue jurada en en el Palacio San José, sito en Concepción del Uruguay, Provincia de Entre Ríos.

En su nuevo texto se incorporaron nuevos derechos y garantías para proteger el orden institucional, garantizar el ejercicio de los derechos políticos, reconocer a los partidos políticos, introducir la iniciativa popular y la consulta popular, proteger a consumidores y usuarios y consagrar las figuras del amparo, el habeas corpus y el habeas data.

En su parte orgánica la Constitución recibió reformas muy importantes en relación a los tres poderes del Estado. Algunas de las más importantes tienen que ver con la reelección -tan ansiada por el presidente Menem-, la reducción del mandato presidencial a cuatro años, la facultad del presidente de dictar Decretos de Necesidad y Urgencia, la creación del Jefe de Gabinete de Ministros, la modificación de la composición del Senado, el haberle otorgado jerarquía constitucional a los tratados internacionales de derechos humanos, la creación de la Auditoría General de la Nación, el Defensor del Pueblo y el Consejo de la Magistratura, que el Ministerio Público se haya erigido como órgano independiente y el reconocimiento de la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires.

A 25 años de su sanción se podría reflexionar sobre varios aspectos respecto de cómo ha influido la reforma dentro del ordenamiento jurídico argentino. Sin embargo, para concluir esta breve reseña histórica quisiera destacar que el nuevo texto constitucional permitió adaptar la normativa a los tiempos que corrían, le dio jerarquía a derechos que ya existían y que con ella obtuvieron mayor reconocimiento, creó institutos para reforzar la democracia y consagró un marco protectorio mucho más amplio que el existente al introducir a un sistema universal y americano de Derechos Humanos, aspectos que han contribuido para la creación de un sistema más justo e igualitario.



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