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Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer: un repaso por el marco normativo

│Por Stefanía Alba Nájera

La fecha conmemora el asesinato de las tres hermanas Mirabal, activistas políticas de la República Dominicana. Un breve análisis de la normativa internacional y nacional en materia de género.

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En 1999 la Organización de Naciones Unidas (ONU) declaró al 25 de noviembre como el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.  La fecha fue elegida como conmemoración del brutal asesinato en 1960 de las tres hermanas Mirabal, activistas políticas de la República Dominicana, por orden del gobernante dominicano Rafael Trujillo (1930-1961).

Si bien la Declaración Universal de Derechos Humanos establece que todas las personas tenemos los mismos derechos,  existe una desigualdad de poder histórica entre hombres y mujeres que coloca a este último grupo en una situación de desventaja. Eso motivó a que tanto en el plano internacional como nacional se elaboren diferentes instrumentos normativos destinados a lograr la igualdad.

Las Naciones Unidas definen  en la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer  que se considerará como violencia a la mujer a  “todo acto de violencia de género que resulte, o pueda tener como resultado un daño físico, sexual o psicológico para la mujer, inclusive las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la privada.”

Por otra parte, la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, conocida como CEDAW por sus siglas en inglés, establece que la expresión “discriminación contra la mujer” denotará “toda distinción, exclusión o restricción basada en el sexo que tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer, independientemente de su estado civil, sobre la base de la igualdad del hombre y la mujer, de los derechos humanos y las libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural y civil o en cualquier otra esfera”

Otro elemento normativo a resaltar es la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, conocida como Convención Belem Do Pará, que define que debe entenderse por violencia contra la mujer a “cualquier acción o conducta, basada en su género, que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el privado”.

Además de los instrumentos internacionales mencionados, que cuentan con jerarquía constitucional, en nuestro país se destaca la Ley N°26.485 de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales.  La norma define cinco tipos de violencia contra la mujer:  física, psicológica, sexual, económica  y patrimonial, simbólica. Asimismo, el decreto reglamentario que acompaña la normativa aclara en su artículo 6 que las definiciones sobre los tipos de violencia establecidas no pueden interpretarse en sentido restrictivo ni taxativo.

La ley describe ocho modalidades de violencia contra la mujer: la doméstica, la institucional, la laboral, contra la libertad reproductiva, la obstétrica, la mediática.  Por último este  último año se incorporaron dos más: el “acoso callejero” y la violencia política.

La violencia más extrema contra la mujer se manifiesta en los “mal llamados” delitos de femicidio, ya que actualmente se ha entendido, gracias al aporte de diferentes teóricas feministas, que es mejor hablar de “feminicidio” entendiendo que no se tratan de crímenes aislados cometidos sólo hacia las mujeres, sino que es una construcción social de lo que podemos denominar como crímenes de odio. Hace seis años nuestro país sancionó la Ley 26. 791 que incorpora la figura del femicidio al Código Penal como un agravante más del delito de homicidio.

Otro aspecto normativo importante lo constituye la Ley N°27.499, conocida como “Ley Micaela” que establece la capacitación obligatoria en género para todas las personas que integran los tres poderes del Estado.

Cabe destacar que los Estados son responsables por la violencia contra las mujeres y, tal como sostuvo la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el precedente conocido como “Campo algodonero”, deben actuar con la debida diligencia ante esos casos.  En ese sentido, señala la importancia de contar con un adecuado marco jurídico de protección, con una aplicación efectiva del mismo y con políticas de prevención y prácticas que permitan actuar de una manera eficaz ante las denuncias

En conclusión, la erradicación, prevención y sanción de las violencias hacia las mujeres debe formar parte de las políticas públicas prioritarias de los Estados. Los marcos legales son herramientas útiles que deben poder acompañarse con un efectivo acceso a la justicia que permita a quienes padecen las violencias mencionadas una respuesta rápida y eficaz frente a sus reclamos, evitando caer en dilaciones y re victimizaciones por parte de los aparatos de justicia.



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